16/11/2020

Nos preguntamos como justifica el IPAP su funcionamiento ante los organismos de control

Actualmente, el Instituto Provincial de la Administración Pública -creado por la UPCN en el año 2007- se gestiona de forma ilegal, sin constituir el Directorio (Ley Nº 4294), “órgano decisorio de todas las acciones que instrumente el Instituto”, conformado por “tres representantes gubernamentales y dos gremiales” (desde 2018 uno de UPCN y uno de la Ate). El Directorio debe aprobar los sistemas de formación y capacitación; autorizar la celebración de convenios con otros organismos y examinar y expedirse acerca de la rendición de cuentas que realice el coordinador de la Unidad Ejecutora, entre otros puntos. Nada de esto se cumple.

La UPCN presentó en enero la propuesta del nuevo integrante sindical del Directorio (nota 200/2020 del 10 de enero y cuyo último reclamo de incorporación se gestionó vía nota al Ministro Vaisberg el 19 de agosto pasado) y a noviembre aún no tuvimos respuesta. Nos preguntamos como la gestión actual justifica el funcionamiento irregular de las propuestas educativas ante los organismos de control y fiscalización como el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro; el Consejo Federal de Educación o el propio INAP (Instituto Nacional de Administración Pública).
Por otro lado, el instituto tiene actualmente cerradas las vías de comunicación con la sociedad, lo que propicia aun más la opacidad de la gestión. Primero cerró su cuenta de Facebook, un medio a través del cual las y los alumnos y la comunidad establecían un fluido contacto para informarse, plantear dudas e incluso quejas. Y actualmente creó un Instagram, pero está bloqueada allí la posibilidad de comentarios, preguntas o dudas de toda la comunidad. Además, la información sobre su funcionamiento es casi nula (el portal, desde junio a noviembre, en 180 días, publicó 6 notas) y tampoco ofrece interacción pública.
Más allá de los reclamos legales en los que insistiremos, desde la UPCN estamos sumamente preocupados porque el instituto que fue vanguardia en la formación virtual de nuestra región, con sedes en toda la provincia que eran financiadas por nuestro sindicato, hoy actúa fuera del marco legal, a través de una gestión institucional opaca, cerrada a la comunidad beneficiaria y a la ciudadanía en general y alejada de la misión inicial, que era la formación del agente público, tanto para la mejora del Estado como para el crecimiento personal de las y los trabajadores en su carrera administrativa