El punto central de la queja es que consideran que el eje debe ser el trabajador y no el funcionario, como se pretende incluir en la propuesta legisltiva rionegrina.
Gremios estatales y privados coincidieron ayer en criticar las modificaciones que el radicalismo introdujo al proyecto de ley de violencia laboral que se está discutiendo en comisiones internas de la Legislatura rionegrina.
La Asociación Bancaria ratificó el apoyo a la iniciativa presentada inicialmente por las legisladoras Magdalena Odarda (ARI), Beatríz Manso y María Marta Arriaga (Encuentro) reclamando que se mantenga el texto original, sobre todo cuando “la acción cuestionable sea ejercida por el empleador, personal jerárquico o tercero vinculado al trabajador y no como se pretende incluyendo también como posible víctima de violencia al funcionario de turno”.
El secretario general, Rodolfo Cufré, consideró que “el destinatario excluyente debe ser el trabajador, cualquier otra hipótesis de inclusión desnaturaliza la idea del legislador”.
Según Juan Carlos Scalesi de la UPCN, si “hay que sancionar empleados públicos que incumplan sus deberes” como pretende el oficialismo al cambiar el texto, la actual legislación “fija claramente la obligación de obedecer las órdenes del funcionario cuando se refieran al cumplimiento de su tarea”.
Insistió en que “las modificaciones son graves, ya que se está brindando nuevas herramientas de presión y modifican sustancialmente el propósito con que la ley fue presentada”.
En el mismo tono se pronunció el Sindicato de Peones de Taxis de Río Negro, por medio de Mario Riquelme, se manifestó que “seguir dándole herramientas a la patronal para que siga abusando de sus trabajadores ya es un despropósito”.
Puso como ejemplo que “el 50% de trabajadores en negro ya habla demasiado de abuso y abandono y nosotros desde nuestra organización hacemos nuestro ‘mea culpa’ pues “no sólo del Estado es la responsabilidad sino también de las organizaciones sindicales que nos hemos ‘aburguesado'”.
La iniciativa cuenta además con el sostén de los trabajadores legislativos, ATE y Unter, y acompañada por un millar de firmas de ciudadanos rionegrinos.
Durante la última reunión de la Comisión de Asuntos Sociales del parlamento rionegrino se cambió el espíritu en base a que “se consideraba ‘violencia laboral’ únicamente aquella que ejerce el funcionario sobre el empleado, pero, como comisión, entendimos que ese tipo de violencia no se da solamente de arriba hacia abajo, sino también a la inversa y de manera horizontal, entre compañeros de un mismo rango, y eso fue lo que se aprobó”, explicó oportunamente el presidente de ese cuerpo especial, Alfredo Lasalle (UCR). En ese marco, Odarda se negó a aceptar la modificación argumentando que desnaturalizaba el espíritu del proyecto, pero aún no fue bajado al recinto.
