En una rápida cronología se puede decir que en el año 1973, cuando a nivel nacional se crea el FONAVI, el IPPV comienza a recibir fondos de esa institución de la Nación y se produce un crecimiento abrupto del instituto provincial, fue entonces cuando se crearon delegaciones en cada punto de la provincia que trabajaban sobre las demandas locales de vivienda, promoviendo la construcción de barrios para toda la población. Durante el golpe de Estado, la actividad se reduce a mínimos, tal y como se encuentra hoy y luego, en 1983 con el retorno de la democracia vuelve a activarse hasta su intervención unos años más tarde. Desde entonces el IPPV año a año decrece la actividad, aunque la necesidad habitacional crece sin pausa.
Oscar Zapata, integrante de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN y secretario de la CGT Zona Atlántica dijo al respecto que “si el IPPV sigue en pie es por la lucha de los trabajadores que, a pesar de la desidia gubernamental, sostienen como pueden la actividad del instituto, pero los trabajadores no pueden decidir sobre las políticas públicas”.
La actividad de una institución central en una sociedad como lo es el Instituto de la Vivienda genera, además de casas para la gente, trabajo para albañiles; electricistas; plomeros; gasistas; pintores, los empresarios de los corralones, las ferreterías, los vidrieros, “pero el gobierno provincial está más ocupado en generar la foto de turno que en pensar seriamente en la reactivación del instituto y de la economía; muy por el contrario, mientras transgrede todos los protocolos de aislamiento sanitario para sacarse una imagen de portada con tintes políticos sindicales, para una menos que mínima cantidad de beneficiarios en la zona Andina, en la ciudad capital desmantela todo el área social del IPPV, que era la encargada de visitar los barrios para certificar como viven las personas, que necesitan desde el punto de vista habitacional y como se puede articular con Nación para resolver las problemáticas de vivienda”, dijo Zapata.
La necesidad habitacional crece cada día. Solamente en Viedma se necesitan alrededor de 6000 viviendas y “en este período de salarios rebajados, a los trabajadores del Estado se les hace difícil, porque tienen que dejar hasta el 60% de su sueldo en un alquiler y esto pasa, sin distinción partidaria ni sindical, porque hacer esa diferencia es tomarle el pelo y reirse en la cara de la gente y de sus necesidades. Debería darle vergüenza a un funcionario asumir esa actitud”, agregó Oscar Zapata.
Actualmente se terminan casitas sueltas que vienen haciéndose durante años pero Río Negro, si bien sigue recibiendo fondos de Nación a través de FONAVI, no tiene política pública sobre vivienda. “Los rionegrinos no sabemos qué pasa con ese dinero, no se informa y tanto los trabajadores como los demás ciudadanos que necesitan vivienda, están preocupados por el desinterés y la falta de responsabilidad de quienes hoy están al frente de la gestión” dijo Zapata y agregó que “ la pandemia está dejando más claro aún cuál es la capacidad que tienen muchos funcionarios y en evidencia como hacen hacen agua por todos lados a la hora de gestionar lo público”.
El secretario de la Mesa Directiva de la UPCN dijo además que desde nuestro sindicato “pedimos que se levante la intervención, que se tome seriamente la problemática habitacional y se ponga en funcionamiento el IPPV, el Banco de Tierras que gestionaba y el trabajo articulado con los municipios para cubrir toda la provincia”.