A través del Decreto 359/2020 el gobierno de Río Negro solicita a los agentes de la Administración Pública que están trabajando en el marco de contención del COVID-19 que firmen una declaración jurada donde se hacen responsables, entre otras cosas, de “no haber estado en contacto con personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19” y que en consecuencia de lo que afirma en esa declaración el propio agente asuma las responsabilidades civiles y penales de incumplir con las obligaciones bajo juramento, cuando es el propio empleador quien debe garantizar bajo testeo y/o cualquier otra medida la integridad de la salud de los trabajadores que prestan servicios en este marco de pandemia.
Desde la UPCN solicitamos a la gobernadora la urgente derogación de dicho decreto y el cese de solicitudes a los trabajadores, instándolos en algunos casos y obligándolos en otros, a firmar la declaración jurada. La normativa desliga al Estado de su responsabilidad como empleador y de los problemas derivados del riesgo al que se exponen los agentes, incluso, contradice al propio Decreto Nacional 297/2020 que establece claramente que son los empleadores quienes deben tomar medidas para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras exceptuadas de aislamiento.
Mientras ya hay compañeros en Villa Regina; Chimpay; Choele Choel y Bariloche que dieron positivo, el decreto provincial vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y libera al gobierno de su responsabilidad de cuidar al personal que se expone a un riesgo.
La Unión del Personal Civil de la Nación sugiere a los trabajadores que no firmen esa declaración jurada que nos obliga a hacernos cargo de algo que es imposible de asumir, ya que no está toda la población testeada y en consecuencia no podemos declarar bajo juramento y hacernos responsables civil y penalmente de haber estado o no con personas contagiadas.

Mesa Directiva Provincial
UPCN Río Negro