Tras las diversas publicaciones mediáticas donde se prometen contratos e ilusiona a cientos de trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad de becas, queremos, una vez más aclarar sobre la particularidad de contratación que rige la incorporación de los recursos humanos de la Administración Pública provincial tal y como lo especifica la Ley 3052.
Dicha Ley no es un capricho de la UPCN, está determinada a partir de su aprobación en la Legislatura en noviembre del año 1996. En aquel contexto provincial de crisis extrema, con la provincia quebrada, se convocó a todos los sindicatos para buscar una solución conjunta en torno a salarios y puestos laborales. Solo la UPCN se quedó sentada a esa mesa de diálogo con la premura de resolver una grave situación que implicó el impago salarial durante seis meses y una de las crisis más feroces que vivió nuestra provincia. Por entonces, nuestro gremio de manera responsable buscó el diálogo examinando las soluciones posible con el gobierno de entonces, y en una extrema situación logramos que no se despida a ningún trabajador con medidas solidarias asumidas aún a riesgo de tolerar luego las críticas fáciles e irresponsables, porque el objetivo era que NINGÚN trabajador pierda su fuente laboral y que todos cobren sus salarios.
Desde aquel año -y gracias a la creación del Consejo Provincial de la Función Pública- hemos ido mejorando las situaciones generales y particulares de los estatales rionegrinos, con todo lo que aún falta y el camino que queda por recorrer en la búsqueda de la jerarquización del trabajador, en formación y salario, el pago justo de ‘a igual trabajo igual sueldo’ y; por supuesto en los servicios de una estructura administrativa que brinda su trabajo a toda la sociedad y que, incluso, es muchas veces subestimada por algún sector de la ciudadanía que no valora el enorme trabajo que se hace en el ámbito de la Administración Pública en pos del funcionamiento cotidiano de un sistema administrativo.
Dicho lo anterior y volviendo a la promesa firmada por la funcionaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Roxana Méndez, que se comprometió al ingreso de becados -y seguramente en un acto de buena fe- desde la UPCN nos vimos en la tesitura de enviar a cada uno de los ministros y secretarios de Estado provinciales una nota recordando a los funcionarios cuales son las características de contratación de trabajadores de la Administración Pública, adjuntando aclaraciones sobre los aspectos legales de ingreso a la planta de recursos humanos del Estado explicitados en la Ley Vigente (3052), especialmente destacados los artículos 7; 45 y 50 de la mencionada norma.
El desconocimiento de la Ley por parte de la titular de la SENAF nos sorprendió, porque esperamos que los funcionarios asuman con responsabilidad la palabra y lo que prometen. No son pocos los trabajadores que están en condiciones de becados y prestando servicios como si fueran trabajadores contratados, por su responsabilidad y entrega cotidiana a las tareas. Y justamente es en ese organismo (antes solamente Desarrollo Social) donde hay un gran número de personas bajo esa modalidad de becas y es allí donde el Estado tiene una fuerte presencia y responsabilidad en el plano social, de trabajo de contención y asistencia a quienes más lo necesitan.
Lo que NO nos sorprende es la actitud del dirigente Aguiar quien, a sabiendas de cuál es la modalidad y la Ley que rige los contratos, hace uso político y personal del tema a través de una farsante gallardía, poniéndose en defensa de los compañeros becados con mentiras que solamente lo ponen en los titulares como quijote embustero, sabiendo que es imposible el cumplimiento de esas promesas y poniendo en el lugar de ‘malos’ a quienes reclamamos que dicha contratación no puede hacerse a partir de ‘acuerdos’ con ministros o secretarios y deben pasar por el Consejo de la Función Pública presidido por la Cra. Isabel Tipping.
Para finalizar, destacamos que desde que iniciamos las gestiones (el año pasado) para incorporar a becados como personal contratado por el Estado, logramos el ingreso (a través del Consejo de la Función Pública, como debe ser) de algunos compañeros becados de distintos organismos. Y seguimos con las gestiones para que la totalidad de trabajadores en esas condiciones y que estén prestando servicios precisos, tengan su contrato de servicios en el Estado lo antes posible.
Es fácil montar un circo y salir a mediatizar una mentira como hace ATE, pero obviamente es imposible sostenerla. La responsabilidad institucional tiene base en la verdad, a veces menos mediática, pero honesta y real. En UPCN trabajamos desde esa responsabilidad para todos los trabajadores.