Además del tema salarial y de RRHH que plantea el gobierno para la reunión del próximo jueves 1º de marzo, nuestra carpeta incluye puntos específicos sobre RRHH y otros, a tratar de manera expeditiva.
Somos un gremio con vocación de diálogo, agotamos instancias en ese sentido, pero es hora de que el Poder Ejecutivo considere de manera real y rápida algunos temas que planteamos desde la UPCN y que llevan mucho tiempo postergados. Las respuestas del gobierno a nuestros reclamos y propuestas deben superar el plano de las promesas, porque los trabajadores de esta Administración necesitamos recuperar el poder adquisitivo y los Derechos conquistados e incluso plasmados en Leyes provinciales.
No sabemos exactamente que incluye el gobierno en el segundo aspecto que proponen para la reunión del jueves (el de los RRHH). Nosotros plantearemos varios puntos, entre ellos la necesidad de reconocer el marco normativo que aporta la Ley 3487, que es de avanzada en materia de Recursos Humanos del Estado y que incluso atiende puntos tratados en el reciente Decreto 19/18 sobre la ‘modernización del Estado’. Consideramos que tanto los trabajadores como la ciudadanía se verían notablemente beneficiados si la Ley 3487 se implementa de manera cabal y completa, incluyendo el escalafón y todo lo que dispone. Esta Ley es considerada de vanguardia, e incluso fue muy bien recibida a nivel Nación, tanto por el gobierno anterior como por el actual, porque se sustenta en un reconocimiento de Derechos y Deberes acordes a una administración estatal promotora de servicios cada vez mejores y trabajadores cada vez más capacitados y reconocidos. Esta Ley -(3487) de cuya creación fue parte la UPCN- representa una visión moderna de la estructura de Recursos Humanos del Estado, con responsabilidad particular para los trabajadores, en su formación, desempeño, capacitación; pero también con un REAL reconocimiento de estos aspectos que se verán reflejados en la carrera de los agentes. El desarrollo institucional de un organismo como el IPAP (que, si bien es joven ya representa un modelo para Nación y para varias provincias en muchas de sus propuestas) es una de las herramientas de refuerzo de toda la propuesta modernizadora y de avanzada de los Recursos Humanos. Porque cuando desde el gremio hablamos de ‘modernización’, no solo nos referimos a la tecnología, sino y sobre todo, al aspecto humano, a los recursos y a la fuerza laboral de los trabajadores que configuran la estructura de servicios y atención del Estado a toda la organización de la sociedad, esto incluye capacitación y reconocimiento.
Por otro lado, en la reunión a la que nos convoca la secretaria de la Función Pública (que no es lo mismo que la reunión del Consejo de la Función Pública) solicitaremos la evaluación urgente de los montos abonados en concepto de indumentaria y de asignación familiar. Actualmente la indumentaria se paga a destiempo y el monto abonado es más simbólico que real, porque no alcanza ni para la compra de una muda de ropa de trabajo. También la asignación familiar lleva un desfasaje considerable con lo se percibe en Nación. Estos temas son centrales también porque forman parte del salario y representan el reconocimiento de un Derecho adquirido, Derecho que debe ser tomado con seriedad.
Además, propondremos en la reunión la necesidad de implementar el Manual de Misiones y Funciones de manera íntegra, ya que con esta herramienta se organiza un sector importante en el desarrollo de los pilares educativos de una sociedad. La puesta en marcha debe ser total, porque el manual fue pensado como una reestructuración acabada para la mejora de las condiciones laborales del Personal de Apoyo a la tarea docente.
Y entre otros temas también plantearemos al Ministro de Economía el reconocimiento de un incentivo para los trabajadores de Tesorería, que son los únicos agentes de su ministerio que no reciben el pago de ese concepto.
Desde hace un tiempo reclamamos al gobierno la EQUIPARACIÓN salarial. La Ley 4717/12 la establece para los titulares de los tres poderes (Ejecutivo; Legislativo y Judicial). Esta equiparación también debería extenderse hacia todos los trabajadores por lógica, justicia y principio constitucional (Art 14 bis de la Constitución Nacional – Artículos 40 y 49 de la Constitución Provincial), ya que un ordenanza, un administrativo o un profesional del Poder Ejecutivo debería ganar igual que un ordenanza, un administrativo o un profesional del Poder Judicial o del Poder Legislativo. TODOS los agentes del Estado deberían percibir el mismo salario por igual trabajo. Evidentemente, el planteo es que esta equiparación sea ‘hacia arriba’. Los salarios justos son la meta. La modernización planteada en el Decreto 19/18 también debe considerar los aspectos de Derecho, como el de equiparación salarial.
Creemos que estos y otros temas deben ser tratados con la responsabilidad que merecen tanto los trabajadores que cumplen con su trabajo, como los ciudadanos que reciben los servicios del Estado.

Mesa Directiva Provincial
UPCN Río Negro