El comunicado indica:

“A casi 50 días de gestión del nuevo gobierno provincial, la U.P.C.N. declara su firme oposición a las medidas implementadas con relación a los empleados públicos y quiere alertar que no se está ejecutando el plan de gobierno, esbozado por el Dr. Soria y votado por la ciudadanía.

Marchas y contramarchas, remoción y recambio de funcionarios recientemente designados, acefalía de autoridades en áreas claves, apropiación de ministerios en manos de cada sector partidario, etc, son síntomas que demuestran que se está muy lejos del plan que se anunciaba en la campaña electoral.

Inaceptable es lo que sucede en la función pública. A la vocación de los funcionarios en consolidar un modelo autoritario de persecución, que no cuenta con ninguna racionalidad, se suma la actitud de considerar a los empleados públicos como variable de ajuste, descargando en quienes menos tienen, las ansias de revanchismo y castigo, por 28 años de fracasos electorales.

A pesar de las marcadas diferencias que en lo personal nuestro Secretario General mantuvo con el Dr. Soria, luego de su rotundo triunfo primó la grandeza. Por iniciativa del entonces gobernador, se abrió un camino de diálogo en la búsqueda de coincidencias, respetando los roles institucionales. Conocido su plan de gobierno, se acordaron pautas de trabajo conjunto, en beneficio del bien común; dejando claro que el gremio U.P.C.N. defendería hasta las últimas consecuencias a los empleados que cumplan efectivamente con sus responsabilidades.

Ante la trágica desaparición física de Soria, vemos con alarma y desazón, un accionar errático, con la única acción de gobierno expresada en la disponibilidad (prescindibilidad) de los empleados públicos.

Un simple análisis de algunos hechos hace visible preocupantes incoherencias:

· Durante la campaña, en una conferencia de prensa, el actual gobernador aseguró que se respetaría a los empleados públicos que cumplían con su trabajo. Contrariamente, a los pocos días del inicio de su gestión, la disponibilidad golpeó en la tranquilidad y estabilidad de la totalidad de los empleados públicos (¿se olvidó de sus dichos?).

· La masa salarial de funcionarios representaba 4 millones de pesos, para el pago de 360 cargos. Este gobierno promovió la reducción a 180 cargos, lo que suponía un ahorro de 2 millones de pesos. Contradictoriamente al multiplicar el sueldo por cuatro, la masa salarial ascendió a 8 millones. Lo paradójico es que el aumento de 4 millones significaría la expulsión de 1000 empleados (de sueldos de $4.000). ¿Se estaría financiando el aumento a unos pocos funcionarios con la miseria a 1000 familias rionegrinas?

· Del presupuesto anual aprobado de más de 7 mil millones de pesos, la masa salarial (o sea el sueldo que se paga a trabajadores que prestan sus servicios a la comunidad) representa aproximadamente 3800 millones, o sea un 54%. En esta realidad dejar en la calle 2000 trabajadores implicaría un “ahorro” de un 1,4%, que a todas luces no sería la solución a tan graves problemas que se pregonan.

· Las decisiones referentes al personal que continua en sus funciones deben ser sometidas a la revisión por parte de un intendente, lo que demuestra la debilidad del Poder Ejecutivo Provincial.

· Propuestas que atentan contra la vida, como la explotación minera con cianuro, llevarán contaminación a numerosas áreas valoradas por el mundo como reservas naturales.

Después de 28 años de lucha por llegar al gobierno, suponer que los problemas de la provincia se resuelven aumentando el sueldo a los funcionarios, persiguiendo empleados y cesanteando a compañeros, es una clara demostración de la falta de un plan integral de gobierno.

La ciudadanía espera la solución efectiva para verdaderos problemas como la crisis de la fruticultura en el alto valle, las consecuencias de la sequía y las cenizas que afectan la ganadería de la línea sur y el turismo en la zona andina, entre muchos otros.

Esta pobreza en la propuesta no sólo nos pone en alerta sino que nos desilusiona, y ante las terribles consecuencias de los despidos masivos, sentimos que nuestra responsabilidad institucional y ciudadana es dejar en evidencia las terribles consecuencias sociales que esta medida tendrá.

La sociedad toda reclama del gremio U.P.C.N. que no permita semejante injusticia, sabemos que cada gobierno debe contar con su plantel de funcionarios; no estamos de acuerdo en defender a los ñoquis, ni a los punteros políticos, pero no permitiremos que se perjudique a las familias de los empleados públicos que viven de su trabajo y necesitan el sueldo para atender sus necesidades básicas.

La U.P.C.N. se ha caracterizado por la búsqueda de soluciones consensuadas, pensando que el camino de la lucha callejera y la huelga, debe ser un recurso a adoptar cuando fracasa el diálogo y el entendimiento. Durante 28 años de gobierno radical la lucha tomo distintas formas, hasta que, en defensa de las instituciones democráticas y la paz social, se logró este entendimiento, siendo la bandera irrenunciable del gremio U.P.C.N. la defensa de la estabilidad.

Llamamos a la reflexión a las autoridades, siguiendo el ejemplo de la Presidenta de la Nación, que no ha dejado ni un empleado público en la calle. Las autoridades y a la ciudadanía toda, deben saber que un gobierno que no valora el consenso, que ejerce la violencia de los sin razón, nos está empujando hacia otras formas de lucha que podrían atentar contra la paz social.

Solicitamos defender, en una mesa de trabajo, la estabilidad de quienes cumplen sus tareas y, ante el deterioro de nuestros salarios, pretendemos abrir el diálogo para un aumento salarial del 20% para el primer trimestre del año”.