Esta mañana se realizó una audiencia en la Delegación de Trabajo de Viedma solicitada en pos de la defensa de la trabajadora de ARSA, Gisela Camarda, quien fue despedida de la empresa de manera arbitraria e ilegal. La patronal no se presentó a la reunión convocada.
Tiempo atrás, esta trabajadora denunció al presidente de la empresa ARSA Sociedad del Estado, el arquitecto Roger García, por persecución ideológica y maltrato laboral. A partir de esta actuación, el presidente decide despedirla de manera improcedente y, además, es avalado por el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento, SITSA, a cargo de Cristina Marcellini.
Luego de la denuncia de Gisela Camarda ante la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato (SIOT) de la UPCN, el gremio recurrió al organismo proteccional de las víctimas de maltrato laboral, la Secretaría de Trabajo de Río Negro, en búsqueda del cese de la persecución y hostigamiento que sufría la trabajadora. La propuesta de conciliación entre las partes de la Secretaría de Trabajo rionegrina fue declinada por el presidente de ARSA S.E, quien, con el paradójico apoyo del sindicato (SITSA), desistió de la instancia administrativa propuesta y fue aún más lejos: despidió a la trabajadora.
La situación de la agente Gisela Camarda se vio agravada ya que, no solo se invisivilizó su malestar, que llegó a la instancia de denuncia, sino que, a partir del despido -arbitrario e ilegal- agrava su situación de desamparo psicológico, laboral y económico. Todo esto, con un ingrediente que empeora su situación ya que, quien debe defenderla (SITSA) apoya el despido irregular y despótico, realizado por el arquitecto García.
Esta decisión unilateral, da cuenta de una falta de capacidad gerencial de Roger García quien, incluso, desconoce la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo que establece un determinado mecanismo administrativo de pasos sucesivos para la aplicación de sanciones y despidos.
UPCN acompañará a la trabajadora para recurrir este despido vejatorio, exigiendo su reincorporación y sosteniendo lo dispuesto en las Leyes vigentes y el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de la empresa estatal, que está avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.