Desde la UPCN consideramos que la familia es la institución decisiva en la vida de las personas, cuyo peso en el desempeño institucional y macroeconómico de los países, ha sido demostrado. Ya tuvimos en la Argentina la triste experiencia de la destrucción de muchas familias por el deterioro económico de los años noventa, que llevó la desocupación del 13 al 21 %, y de las agudas expresiones que esta desocupación generó en los diferentes estratos de la sociedad.

Una investigación de la cátedra de psicopatología de la UBA sobre desocupados, muestra que el 75% de ellos sufre consecuencias psíquicas: “las mujeres y hombres casados en particular”. Los datos indican: “Cuando se pierde el empleo y se ve que no se tiene chance de recuperarlo y de sostener a su familia, el hombre empieza a destruirse como sujeto y a destruir el grupo familiar y sus lazos sociales. Los niños son las víctimas directas…”.

Sin lugar a dudas, hoy la familia rionegrina está amenazada por una ley anticonstitucional que da poder a algunos funcionarios para que discrecionalmente expulsen a trabajadores estatales, con el impacto que esto genera sobre sus familias.

Desde la U.P.C.N. preguntamos a los gobernantes: ¿son conscientes del impacto que tendrán sus arbitrarias decisiones” Y más aún “se harán responsables, hasta las últimas consecuencias, del riesgo que asumen”

Denunciamos enfáticamente que las medidas de gobierno que conllevan pérdida de puestos de trabajo y desocupación, representan una clara violación a los derechos humanos y constituyen un grave delito, ya que el perjuicio proviene del Estado quien tiene la responsabilidad suprema de ser el defensor del bienestar general.

En un intento por comprender lo que está sucediendo advertimos que la principal promesa de la campaña electoral y preocupación de los nuevos funcionarios es eliminar la corrupción, idea que todos los ciudadanos compartimos. Sin embargo, es necesario alertar sobre lo erróneo de las medidas que se pretenden adoptar para erradicar prácticas poco éticas.

Un estudio de Harvard echa por tierra ideas convencionales sobre las causas de la corrupción y abre caminos para combatirla. Sostiene que para actuar contra la corrupción estructuralmente se impone abordar a fondo el tema de la desigualdad, ya que existe una estrecha correlación entre ambas. Afirma que el tema no es eliminar la actividad estatal para reducirla, sino mejorar su calidad para que favorezca una igualdad de oportunidades que creará condiciones contrarias a las que alientan la corrupción.

Alertamos sobre el terrible error que se está cometiendo. Basta mirar lo ocurrido en la Argentina de los años noventa para comprender como las desigualdades crecieron brutalmente por la acción de políticas que debilitaron el Estado. Mientras que el porcentaje que representan los salarios en el ingreso nacional en 1950 era del 51, 9%, en la década del ?90 pasó a contraerse al 24%. Como resultado la clase media se redujo en un 20 %, y la población pobre más que se duplicó en dicha década. Contrariamente a lo que se buscaba se creó en el país y en la región un ambiente propicio para la corrupción en términos de oportunidades e incentivos. El argumento de que la reducción del Estado eliminaría las prácticas corruptas se comprobó que era irreal. Un Estado débil, sin capacidad de regulación ni monitoreo, con una ecuación fiscal cada vez más regresiva, generó espacios de gran envergadura para posibilitar la corrupción.

Por lo tanto, es urgente desterrar el mito de que el Estado es por naturaleza ineficiente. Plantear la inutilidad del Estado lleva al debilitamiento de sus capacidades institucionales, a la desarticulación de organismos claves para su funcionamiento y la desjerarquización de la función pública, tanto en la función social como en otras áreas. Corregir las desigualdades implica poner en práctica políticas públicas activas y bien gerenciadas que conviertan en hechos los lemas de campaña: educación para todos, salud para todos, seguridad para todos, justicia para todos, trabajo para todos.

Lo que está sucediendo actualmente en el ámbito de la administración pública provincial, en donde existe un alto nivel de desconfianza, desprestigio y violencia laboral, llevará indudablemente a inutilizar importantes capacidades y desatará poderosas resistencias y conflictos. Debemos restituir la confianza mutua, las normas de respeto y las actitudes positivas que fortalecen y enriquecen las relaciones humanas, contribuyendo al logro del bienestar general. Sólo desde ese respeto y con el ejemplo, se podrán desencadenar círculos virtuosos, contribuyendo al fin último que es la eficiencia del Estado.

Ratificar el camino que se abrió con la ley de disponibilidad, continuar con los despidos de trabajadores y permanecer aferrados al único argumento de la grave situación heredada, nos aleja cada vez más de esos objetivos y nos muestra la improvisación y el desconocimiento con que se está encarando la tarea de gobierno. De seguir por este camino, reviviendo las épocas más nefastas de la historia y aplicando recetas fracasadas, la provincia se enfrenta a la destrucción del tejido social, con graves consecuencias para todos.

Desde la U.P.C.N., manifestamos nuestra decisión de luchar contra la necedad de quienes eligen repetir viejos errores, luchar a favor de un Estado eficiente, que apunte al logro de objetivos sociales, luchar por evitar el sufrimiento de miles de familias trabajadoras, luchar por nuestra dignidad y nuestros derechos.

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