Asistiremos a nuestros lugares de trabajo, cumpliremos con el horario estipulado pero no realizaremos tareas.
Los trabajadores y trabajadoras no somos escuchados ni atendidos nuestros derechos. El proceso de imposición salarial, siempre a la baja, se inició a principios de 2018 cuando, ante el rechazo de nuestro sindicato a un incremento lejano a los índices inflacionarios, el entonces gobernador Weretilneck lo impuso por decreto de forma absolutamente autoritaria. El modelo de corte neoliberal se sostuvo luego incluyendo a otra organización que, lamentablemente, lo fortaleció. Desde entonces, no hubo un solo mes donde las y los trabajadores del Poder Ejecutivo de Río Negro no hayamos perdido masa salarial respecto a la inflación.
Este gobierno aumenta los sueldos de sus funcionarios en función del costo de vida, con pandemia o sin ella, mientras hace oídos sordos a las necesidades, derechos y merecimientos de los agentes públicos que llevamos adelante el día a día de los servicios del Estado. Somos miles quienes hoy tenemos salarios que están por debajo del límite de la pobreza y el gobierno ni siquiera intenta espacios donde escuchar propuestas y dialogar acerca de la urgente necesidad de recomposición salarial.
Además, quienes superan ese límite de pobreza por distintos adicionales o extras a cuentagotas, tampoco tienen una recomposición acorde a su trabajo y también perdieron porcentajes que rondan el 70%, lo cual se ve fuertemente reflejado en la vida cotidiana.
La rebaja de nuestros salarios no es consecuencia de la pandemia instalada desde hace un año, sino de una decisión política sostenida desde 2018, cuyo fundamento dicta empobrecer al máximo a las y los trabajadores, suscitando la mano de obra barata para la prestación de servicios en el Estado.