Cabe recordar que el reclamo inicia por falta de puesta al día de adicionales (que no se actualizan desde enero de 2018); la diferencia de pago por responsabilidad (por ejemplo a un jefe del Registro Civil le abonan $4000, mientras a un jefe con igual carga de responsabilidad de Casa de Gobierno le pagan $18.000) o el no cobro del Decreto 300 entre otras solicitudes. “El gobierno nos tiene precarizados en extremo, sobrecargados de trabajo y con parte de nuestro salario congelado desde hace tres años. Somos muy prudentes con las medidas porque tenemos consciencia de la importancia de nuestra tarea en la documentación pública, pero estamos realmente cansados de tanto maltrato” expresó una de las agentes que presta servicios en Viedma.
A través de la UPCN se elevó una nota al ministro de Gobierno y Comunidad; al secretario de Trabajo y al director del Registro Civil informando sobre la extensión de la actual medida y haciéndoles un llamado a su sentido de responsabilidad pública en tanto este conflicto repercute y perjudica directamente al ciudadano usuario del servicio.
Luego de la reunión provincial de trabajadores y trabajadoras, otro de los agentes del Registro Civil del Alto Valle expresó que “la mayoría del Estado funciona por la buena voluntad y compromiso de los empleados, porque el gobierno no cuida a los trabajadores, no les importamos. Todo el tiempo debemos reclamar: por salarios, por medidas de seguridad e higiene, por sobrecarga laboral, por estados edilicios deplorables… ¡Ya basta! En Río Negro sufrimos desde hace algunos años a un Gobierno irresponsable, autoritario y deshumanizado. Vemos día a día realidades muy duras, tristes y por sobre todo, injustas”.