Luego del receso, la Legislatura de Río Negro renovará las discusiones iniciadas el año pasado con respecto a la sanción de una ley que castigue y prevenga los casos de violencia laboral en los ámbitos públicos y privados.
El proyecto fue presentado por los bloques ARI y Encuentro de los Rionegrinos.
Las discusiones sobre el proyecto que busca erradicar la violencia laboral en los ámbitos público y privado serán renovadas en la Legislatura provincial, tras el receso. El propósito es que quede firme como ley en la provincia de Río Negro durante este año.
La iniciativa tomó nuevamente estado parlamentario en los últimos días para atender una cuestión reglamentaria, en virtud de que el articulado original redactado por Magdalena Odarda (ARI), con el acompañamiento de Marta Arriaga y Beatriz Manso (Encuentro), basada en la propuesta original presentada por la UPCN, a la legislatura provincial, y que quedara sin efecto al cumplirse dos años, sin bajar al recinto para su tratamiento en primer y segunda vuelta. De prosperar como ley, será de aplicación en los sectores provincial y municipal, comprendiendo a los tres Poderes, organismos descentralizados, empresas del Estado, y en las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria. El texto incluyó un artículo invitando a adherir a las organizaciones privadas.
La propuesta define a la violencia laboral como toda acción ejercida por el empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente hacia trabajadores, cualquiera sea su condición laboral, que atente contra su dignidad. Procura asegurar su integridad física, sexual, psicológica o social mediante amenaza, poniendo bajo la lupa supuestos hechos de intimidación, abuso de poder, iniquidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico, sin perjuicio de las conductas definidas en la legislación nacional.
Un nuevo contrapunto podría generarse -una vez que ingrese a las comisiones internas de Asuntos Sociales y Constitucionales- entre la mayoría radical, la autora del proyecto y las organizaciones sindicales estatales. Es que esta segunda versión mantuvo solamente el concepto de violencia de arriba hacia abajo. Precisamente, el año pasado hubo reacciones encontradas de todo el espectro como UPCN, ATE, Unter y legislativos -entre otros- frente a la modificación que impulsó el oficialismo de hacer horizontal las sanciones; es decir de abajo hacia arriba.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Alfredo Lasalle (UCR), recordó ayer que el cambio realizado en el cuerpo que conduce respondió a que también se tomen en cuenta ciertas situaciones. Agregó que “no hablamos de agresiones hacia un funcionario, sino entre empleados de carrera en el marco de una supuesta controversia provocada por un agente y teniendo como víctima a un jefe de despacho”.
Insistió en que la reforma cuenta con el aval de la defensoría del Pueblo y antecedentes relacionados con la violencia en todo sentido, y si bien la iniciativa original se ajusta a lo que viene impulsado UPCN a nivel nacional, advirtió que “ya existen críticas” en otras jurisdicciones por la aplicación de acuerdo a la óptica sindical, en razón de que “esas leyes no recogen todos los casos en general”. Lasalle anticipó que ante la puja que se avecina se desarrollarán jornadas destinadas a impulsar un amplio debate de todos los sectores con la participación de especialistas en la materia del orden nacional.
La propuesta de Odarda impulsó infracciones con recursos de orden correctivo, multas e indemnizaciones. También prevé garantizar un procedimiento administrativo adecuado y efectivo tendiente al cumplimiento de los objetivos de la ley.
A tal fin deberá resguardar la exposición, confidencialidad,y el derecho de defensa en dicho proceso. Los Estados provincial y municipal serán responsables solidarios por las acciones a que se vieran sujetos sus empleados cuando el acto se hubiere efectuado con conocimiento del titular de la jurisdicción que se trate o cuando se le hubiere notificado en forma fehaciente el hecho y no adoptare las medidas para hacer cesar tal conducta.
